Gobierno federal otorga atribuciones al Corredor Interoceánico
El Corredor Interoceánico amplía la concesión de los Podecobis a cinco años y modifica su plataforma logística para atraer nuevos inversionistas al Istmo de Tehuantepec.

Al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Marina (Semar), le han sido otorgadas atribuciones, luego de que se publicara un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se espera atraer nuevas inversiones con los cambios.
Este decreto refiere que el Corredor Interoceánico tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Estas modificaciones tienen un impacto directo en la plataforma logística y en la adjudicación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) para nuevos inversionistas en el área de influencia del CIIT.
A partir de ahora, el Corredo Interoceánico no solo se encargará de la operación de la plataforma logística multimodal que integra las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas) de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas, también incluirá las carreteras en esta plataforma.
De esta manera, el CIIT busca agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la operatividad de la cadena logística en la región Sur-Sureste del país. Y podrá establecer lineamientos claros para otorgar y extinguir concesiones, así como otros instrumentos jurídicos necesarios para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente de la plataforma.
Una de las modificaciones más relevantes en el decreto se refiere a la adjudicación de concesiones para los Podecobis, que pasarán de tener una duración de dos años a cinco para realizar los proyectos, permitiendo un desarrollo más sostenible y efectivo de las inversiones en esta área.
Asimismo, se establece que la adjudicación directa de concesiones de Podebis para nuevas inversiones se llevará a cabo si la licitación pública se declara desierta, en caso de extinción de la concesión por causas previstas en la Ley General de Bienes Nacionales o cuando se presente un proyecto empresarial que ofrezca mejores condiciones.
En el caso de concesiones por 30 años, se contempla una ampliación de 20 años más si no existe opción de compra. Estas disposiciones buscan ofrecer una mayor certidumbre y estabilidad a los inversionistas, incentivando así la llegada de proyectos de inversión a largo plazo en la región, en línea con el Plan México.