Urgente reglamentación y participación social para garantizar derecho a alimentación adecuada en México

Urgente implementación y coordinación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible La regulación y lineamientos son fundamentales para la correcta aplicación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. La participación activa de la sociedad es crucial para garantizar este derecho en la normativa. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México (CDHCM) ha asegurado que la Ley General representa un avance considerable, en línea con los estándares establecidos en la Observación General 12 de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA). Esta ley introduce la obligación de crear una Estrategia Nacional que contemple la disponibilidad, calidad, accesibilidad, sostenibilidad y adecuación del derecho a la alimentación. Asimismo, pone énfasis en los Grupos de Atención Prioritaria, considerando garantías presupuestarias destinadas a limitar el consumo consolidado de alimentos por parte de particulares y entidades públicas, priorizando así las compras locales. Además, esta normativa abarca integralmente toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el abastecimiento y consumo. No obstante, la presidenta de la CDHCM ha señalado que la participación social debe ser efectiva para garantizar este derecho, considerando la influencia de grupos de poder económico y de interés en la regulación de la transición hacia prácticas agroecológicas. Ley con contenido fuerte y resistencias La presidenta ha destacado la criticada percepción de que la Ley General contiene un contenido “ideologizado”, subrayando las resistencias que enfrenta el sector al priorizar la consecución de un derecho por encima de la búsqueda de lucro. En este contexto, enfatiza el papel crucial del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos para la exigibilidad y restitución efectiva del derecho a la alimentación. Los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en el país tienen la responsabilidad de recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, llevar a cabo investigaciones para confirmar o desestimar dichas quejas, y emitir recomendaciones a las autoridades responsables. Aunque este procedimiento convencional ha mostrado su efectividad, la presidenta ha resaltado la necesidad de que los OPDH potencien sus capacidades institucionales para asegurar la efectiva restitución del derecho a la alimentación en etapas previas a la emisión de recomendaciones. Impacto y acciones de la CDHCM Desde 2015, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha brindado un total de mil 730 servicios de orientación y prevención relacionados con posibles violaciones al derecho a la alimentación. Asimismo, ha proporcionado 171 servicios de protección y defensa, además de 97 expedientes de queja relacionados con este derecho. La presidenta ha señalado que los OPDH pueden recurrir a diversas estrategias, tales como la promoción y educación en derechos humanos, la vinculación estratégica para abordar las raíces estructurales de las violaciones al derecho a la alimentación, así como la incidencia legislativa y la articulación a nivel internacional y regional. Asimismo, es esencial el impulso de la agenda de empresas y derechos humanos, así como la colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Armonización entre la ley y la ciudad La presidenta ha resaltado que las obligaciones constitucionales de la Ciudad de México están contempladas en casi todos los apartados de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Ejemplos de ello son los Artículos 8, 9.C, 16.D.4 y 17.B.11, así como el Artículo 12 y la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México (2020). En este sentido, la CDHCM reitera su compromiso de dar seguimiento, acompañamiento y apoyo a las Comisiones legislativas encargadas de asegurar la armonización de la ley con el estándar del derecho, con el objetivo de potenciar su exigibilidad en la práctica. Es vital que la implementación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible sea acompañada de forma efectiva por la participación activa de la sociedad, garantizando así su correcta aplicación y el resguardo de este derecho fundamental.