Aprobadas modificaciones de bienes inmuebles en Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y Cancún
Se aprobaron modificaciones y enajenaciones de bienes inmuebles en Playa del Carmen, Tulum, Chetumal, y Cancún para impulsar el desarrollo económico y urbano.
Con el propósito de fomentar el avance económico y urbano en Quintana Roo, se llevaron a cabo modificaciones y enajenaciones de bienes inmuebles en diversas localidades, incluyendo Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y Cancún.
Estas acciones fueron aprobadas durante la sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). Durante esta reunión, se otorgó la autorización para solicitudes de permuta y afectación de terrenos, lo que permitirá facilitar la implementación de infraestructuras esenciales para la entidad.
Oportunidades para el desarrollo regional
Las modificaciones y enajenaciones de bienes inmuebles en la Riviera Maya, Chetumal y Cancún, representan un impulso significativo para el desarrollo regional. Estas acciones buscan mejorar la infraestructura existente y abren la puerta a nuevas oportunidades económicas y laborales para los habitantes de estas localidades.
Horizontes de crecimiento sSostenible
Es fundamental que estas iniciativas se implementen de manera planificada y respetando el entorno natural, para asegurar que el crecimiento económico no comprometa la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La involucración de la sociedad civil en la supervisión de estos proyectos es esencial para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Dinamismo en la gestión de proyectos
José Alberto Alonso Ovando, director general de Agepro, destacó que la aprobación de estos acuerdos representa un paso importante en el compromiso del gobierno por consolidar el desarrollo sustentable y brindar certeza jurídica a la ciudadanía.
La sesión culminó reafirmando la determinación de la junta de seguir colaborando con los tres niveles de gobierno, para impulsar acciones que aseguren un crecimiento justo y equitativo, promoviendo la transparencia y el orden en la gestión del patrimonio estatal.
