¿Obstáculos en acceso a información pública en Guatemala?
Guatemala enfrenta obstáculos para garantizar el acceso a datos, con instituciones carentes de recursos y falta de transparencia en la gestión pública.
El acceso a la información pública es fundamental para el buen funcionamiento de una democracia. Sin embargo, en algunos países, como Guatemala, este derecho se encuentra obstaculizado por diversas dificultades que impiden que los ciudadanos conozcan datos de su interés.
A pesar del compromiso del presidente del país, Bernardo Arévalo, de mejorar el acceso a la información pública durante su administración, la realidad indica que aún queda un largo camino por recorrer. Guatemala ocupa actualmente el puesto 59 de 140 en el Índice del Derecho a la Información.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece el marco legal para solicitar y entregar datos, pero las instituciones responsables aún presentan falencias en su cumplimiento. A pesar de la existencia de la LAIP, diversas entidades gubernamentales dificultan el proceso de solicitud de información.
El Ministerio de Gobernación (MINGOB), por ejemplo, carece de las instalaciones y recursos necesarios para atender eficazmente las solicitudes, mientras que el personal designado a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) se ve obligado a utilizar sus propios teléfonos personales debido a la falta de infraestructura adecuada.
La falta de transparencia también se observa en la respuesta de diferentes instituciones a las mismas solicitudes de información. En un caso específico, el MINGOB rechazó una petición argumentando que no era de su competencia, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) sí brindó los registros solicitados.
Esta disparidad en las respuestas evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades gubernamentales para asegurar un proceso uniforme y transparente. Asimismo, instituciones como el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP) se han mostrado reticentes a brindar información, alegando la confidencialidad de los datos.
Aunque es comprensible la necesidad de proteger la privacidad, dicho argumento ha sido utilizado para limitar el acceso a información pública relevante para la fiscalización y rendición de cuentas. La Política Nacional de Datos Abiertos se implementó para facilitar el acceso a los datos públicos de las instituciones del Estado.
Sin embargo, el portal de Datos Abiertos aún no está actualizado y solo registra 51 entidades, lo que limita su efectividad en la difusión de información pública. El compromiso con el acceso a la información es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria en este país.
