Plan México impulsa nearshoring con legalidad y certidumbre

El desarrollo industrial de México se encuentra en un punto crítico, donde la institucionalización del nearshoring cobra relevancia como estrategia para asegurar el éxito a largo plazo. La creación del Comité de Inversiones para Nearshoring, dentro del Plan México, representa un paso significativo hacia este objetivo, al reconocer la necesidad de un andamiaje jurídico sólido que garantice legalidad, certeza normativa y coordinación intergubernamental.

Este comité, iniciativa del Consejo Coodinador Empresarial (CCE), opera bajo cinco ejes estratégicos fundamentales: infraestructura, energía, financiamiento, capital humano y normatividad. La última de estas áreas adquiere particular importancia, ya que implica no solo la revisión de los marcos regulatorios existentes, sino también su adecuación a una lógica de competitividad basada en la legalidad.

La atracción de inversiones exige claridad en las reglas, procesos administrativos eficaces y jurisdicciones previsibles para generar confianza y reducir la discrecionalidad institucional, sobre todo porque las cifras de la Secretaría de Economía (SE) indican que el potencial económico del nearshoring alcanzaría inversiones superiores a los 35,000 millones de dólares en los próximos años.

Este volumen presupone una presión significativa sobre los órganos reguladores a todos los niveles de gobierno, lo que impone la necesidad de construir un marco normativo coherente con la magnitud del desafío. Procedimientos expeditos, licencias alineadas con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, y políticas públicas compatibles con el T-MEC y los acuerdos multilaterales en vigor, son elementos esenciales para lograr este objetivo.

El ámbito laboral representa uno de los pilares más sensibles en esta nueva etapa. La instalación de nuevos parques industriales bajo la estrategia del nearshoring deberá observar puntualmente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, especialmente aquellas derivadas de la reforma en materia de libertad sindical, justicia laboral y subcontratación, para lograr un ejemplo en trabajo digno.

La participación de centros educativos, tecnológicos y de formación profesional plantea nuevas responsabilidades en términos de capacitación certificada, movilidad del talento y promoción de políticas de inclusión. La conexión entre empresas, universidades e institutos tecnológicos deberá fortalecerse con esquemas que garanticen la actualización constante de competencias y el respeto a los principios de no discriminación, previsión social y desarrollo humano integral.

Es crucial que México cuente con una fuerza laboral capacitada para aprovechar las oportunidades del nearshoring y generar un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país. Este fenómeno también exige que las empresas beneficiarias acrediten estándares elevados en prevención de riesgos legales, sostenibilidad ambiental y cumplimiento regulatorio.

No basta solo con instalar fábricas o plantas de ensamblaje, se requiere un modelo de atracción de inversiones que priorice la transparencia, el Estado de derecho y la fiscalización efectiva de los compromisos adquiridos. La institucionalización del Plan México, en tanto plataforma para canalizar inversiones, será eficaz si se acompaña de mecanismos legales robustos, rendición de cuentas sistemática y sanciones disuasorias ante el incumplimiento.

Atraer inversiones es solo el primer paso, asegurar que estas generen un impacto positivo en la sociedad a través del empleo digno, la capacitación y el desarrollo económico sostenible, requiere de una fuerte institucionalización. La capacidad de México para construir instituciones eficientes, transparentes y responsables será fundamental para aprovechar las oportunidades del nearshoring y lograr un desarrollo integral y equitativo.