Envejecimiento poblacional en España amenaza mercado laboral y pensiones

España se encuentra ante un desafío demográfico sin precedentes: el rápido envejecimiento de la población amenaza el mercado laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Según el informe Evolución de la Capacidad Adicional para Trabajar en España, actualmente 31.3% de la población española es dependiente respecto a quienes están en edad de trabajar, proporción que alcanzará 53% en 2050.

Este escenario implica que dentro de 25 años, por cada 100 personas activas habrá al menos 53 dependientes, ya sea por ser menores de 16 años o mayores de 65. Esta proyección, una de las más altas a nivel mundial, obliga a replantear las políticas laborales y de pensiones, especialmente en lo que respecta a la integración y aprovechamiento del talento sénior, refiere la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Si bien es cierto que los españoles viven más años y con mejor salud, la participación de los mayores en el mercado laboral no ha experimentado un crecimiento proporcional. La esperanza de vida a los 65 años ha aumentado casi tres años desde principios de siglo, alcanzando los 21.7 años, y se espera que supere los 23.4 en 2050. Sin embargo, la tasa de empleo entre mayores de 55 años sigue siendo baja, especialmente en mujeres.

El estudio analiza la capacidad laboral adicional de las personas entre 55 y 69 años, utilizando la mortalidad como indicador de salud. Los resultados revelan que los trabajadores mayores en España tienen una capacidad latente de trabajo de ocho años en hombres y seis en mujeres respecto a quienes tenían un estado de salud similar en la década de 1970. En otras palabras: podrían seguir trabajando si así lo desearan, siempre y cuando las condiciones laborales y legales lo permitieran.

Elegir una jubilación parcial o progresiva

En este contexto, una de las propuestas clave de Fedea es permitir una transición gradual hacia la jubilación, combinando trabajo parcial con percepción parcial de la pensión, lo que permitiría a los trabajadores adaptar su retirada del mercado laboral según su estado de salud y circunstancias personales, además de aliviar la presión económica que supone dejar de generar ingresos de forma abrupta.

Aumentar la participación de los trabajadores mayores beneficiaría tanto a los propios interesados como a toda la economía. Según los datos de Fedea, promover la continuidad laboral en edades avanzadas ayudaría a mejorar la sostenibilidad del mercado laboral, ante una población activa que se irá reduciendo en proporción al número de dependientes. Asimismo, a aprovechar la experiencia acumulada por los trabajadores sénior, facilitando la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones.

Desde el punto de vista empresarial, esta continuidad permitiría una salida ordenada de los trabajadores veteranos, mitigando el impacto de la pérdida de Capital Humano cualificado. La fundación destaca que, incluso tras la reforma de pensiones de 2011, la cual elevó progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años, la tasa de empleo de los mayores apenas ha aumentado.

En este sentido, el informe señala que muchas personas que desearían seguir trabajando no pueden hacerlo porque no encuentran oportunidades laborales adaptadas a sus condiciones o intereses. Para Fedea, el sistema debe comenzar a adaptarse a la realidad demográfica y sus previsiones. Para ello, proponen avanzar hacia un modelo más flexible, donde los trabajadores puedan elegir una jubilación parcial o progresiva, compatible con su pensión.

Esta flexibilidad permitiría que las personas continúen contribuyendo al mercado laboral según sus capacidades e intereses, aprovechando su experiencia y conocimientos. Este tipo de reformas ya se ha implementado con éxito en otros países y ha demostrado tener efectos positivos tanto en la productividad como en la sostenibilidad del sistema de pensiones.