Ecuador recibe 77 mdd del BID para energías renovables
El BID otorgará a Ecuador una garantía de 77 millones de dólares para impulsar la inversión privada en energía solar y eólica, con el fin de diversificar la matriz energética del país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa la transición energética en Ecuador al otorgar una garantía soberana de 77 millones de dólares (mdd). Esta medida busca facilitar la entrada de inversión privada en proyectos de generación eléctrica no convencional, con el objetivo de diversificar y ampliar la matriz energética del país.
La garantía forma parte de un crédito condicional de hasta 140 mdd para reducir el riesgo percibido por el sector privado al invertir en nuevas plantas solares, eólicas y otras fuentes de energía renovable. Esta iniciativa movilizaría hasta 1,000 mdd en inversión privada para proyectos a través de tecnologías fotovoltaica y eólica, aprovechando las zonas con alto potencial solar identificado por el gobierno ecuatoriano.
En Ecuador, la generación eléctrica actualmente está dominada por centrales hidroeléctricas, las cuales se han visto afectadas por la variabilidad climática en los últimos años. Esta situación ha impulsado la búsqueda de fuentes complementarias para asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico. La diversificación de la matriz energética con nuevas tecnologías permitirá al país aumentar su resiliencia ante eventos climáticos extremos.
La licitación pública liderada por el Ministerio de Energía y Minas ha seleccionado 12 proyectos que se beneficiarán de esta garantía, con una potencia combinada superior a los 820 MW. Estos desarrollos se alinean con las metas establecidas en el Plan Maestro de Electricidad de Ecuador, demostrando la importancia que el país le da a la modernización y expansión de su sistema eléctrico.
El BID proporcionará 3 mdd adicionales en cooperación técnica reembolsable para reforzar la capacidad institucional de entidades regulatorias como la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL). Estos recursos se destinarán a fortalecer las funciones de licencias, seguimiento ambiental y control social de los nuevos proyectos, asegurando un desarrollo responsable e integral de la inversión energética en el país.