17 fiscales demandan a Trump por bloqueo a desarrollo de eólica

La administración del presidente Donald Trump enfrenta una dura oposición por parte de los fiscales generales de varios estados debido a su intento de bloquear el desarrollo de la energía eólica. Una coalición de 17 fiscales generales estatales, junto con Washington DC, presentaron una demanda en contra de la orden ejecutiva firmada por Trump durante su primer día en el cargo, la cual buscaba poner freno a las aprobaciones, permisos y préstamos para proyectos de energía eólica tanto en tierra como en el mar.

Los fiscales generales argumentaron que esta orden ejecutiva, considerada arbitraria e innecesaria, amenazaba con la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones en inversiones, sino que también retrasaría la transición hacia fuentes de energía alternativas, crucial para la economía, la mezcla energética, la salud pública y los objetivos climáticos de los estados. Letitia James, fiscal general de Nueva York y líder de la coalición, expresó su preocupación en un comunicado, señalando que la directiva ponía en riesgo el futuro de una industria clave para la generación de empleo y el bienestar ambiental.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Massachusetts, buscaba declarar ilegal la orden ejecutiva y prohibir a las agencias federales su implementación. Durante su campaña presidencial, Trump prometió poner fin a la industria eólica marina si regresaba a la Casa Blanca. Su orden ejecutiva alegaba "supuestas deficiencias legales subyacentes en el arrendamiento y permisos del gobierno federal" de proyectos eólicos, ordenando al secretario del Interior revisar las prácticas de arrendamiento y permisos eólicos para aguas y tierras federales.

La administración de Joe Biden, por otro lado, veía la energía eólica marina como una solución viable al cambio climático, estableciendo objetivos nacionales, realizando ventas de arrendamiento y aprobando casi una docena de proyectos a escala comercial. Sin embargo, las acciones de Trump buscaban revertir estas políticas energéticas, impulsando combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, argumentando que eran necesarios para mantener la energía y la electricidad de menor costo en el mundo.

El caso de Empire Wind

En abril, la administración actual estadunidense tomó un paso más agresivo contra la energía eólica al ordenar a la empresa noruega Equinor detener la construcción de Empire Wind, un proyecto completamente autorizado ubicado al sureste de Long Island, Nueva York, que se encontraba en aproximadamente el 30% de su construcción. El secretario del Interior, Doug Burgum, alegó que Biden había apresurado la aprobación del proyecto.

Equinor había pasado por un proceso de permisos de siete años antes de comenzar a construir Empire Wind el año anterior, con el objetivo de proporcionar energía limpia y confiable a la región. La empresa se vio afectada por la suspensión de la construcción, lo que representa una interrupción en su plan de desarrollo eólico marino.

Las grandes granjas eólicas oceánicas son consideradas pieza clave en los planes estatales para la transición hacia energías renovables, especialmente en los estados con alta densidad poblacional y tierras limitadas. Massachusetts, por ejemplo, tiene tres proyectos de energía eólica marina en diversas etapas de desarrollo, incluyendo Vineyard Wind, con el objetivo de asegurar el acceso a empleos verdes bien remunerados y energía confiable y asequible para sus residentes.

En contraste con la postura de la administración Trump, otras naciones están trabajando activamente para aumentar la producción de energía eólica. El primer ministro británico Keir Starmer anunció una importante inversión en energía eólica en abril durante una cumbre internacional sobre seguridad energética, mientras que Nueva Escocia planea ofrecer arrendamientos para cinco gigavatios de energía eólica marina para 2030.