En el camino de la soberanía energética, México debe garantizar 3 aspectos

Con la intención de alcanzar la soberanía energética, el gobierno de México acelerará las inversiones en generación eléctrica, la reducción de la importación de gas natural y el impulso de 59 proyectos de inversión destinados a fortalecer las redes de transmisión y distribución. Además, destinará 25% de la inversión del año presente al sector de la energía renovable.

Para facilitar este proceso, se agilizará el trámite de los permisos necesarios para la implementación de proyectos de generación renovable. Esta iniciativa busca no solo diversificar la matriz energética del país, sino también contribuir a la construcción de un modelo energético más sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles.

Sin emargo, el sector energético a nivel mundial, es uno de los más contaminantes, responsable de 76% de las emisiones globales, principalmente debido al uso de combustibles fósiles. Y aunque las energías renovables presentan un menor impacto ambiental en su fase de generación, la construcción y manufactura de sus componentes también pueden generar impactos sociales y ambientales que no deben ser ignorados.

Investigaciones como las del colectivo GeoComunes han puesto en evidencia los efectos del desarrollo a gran escala de proyectos solares y eólicos en México. Por ejemplo, han calculado que los proyectos solares requieren la extracción de 228,000 toneladas de minerales, sobre todo aluminio, mientras que los proyectos eólicos demandan 1.3 millones de toneladas de minerales, principalmente hierro.

Además, este proceso implica un alto consumo eléctrico por parte de las industrias mineras y cementeras, lo que genera fuertes impactos socioambientales, más allá de las emisiones generadas. En el ámbito social, la instalación de energía renovable bajo una lógica mercantil a gran escala ha generado afectaciones significativas en México.

Se han documentado casos de despojo de tierras, violación a la libre determinación de pueblos indígenas, especialmente en regiones como Yucatán y Oaxaca, así como fragmentación de comunidades debido a que la energía generada no se destina al autoconsumo local.

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de las energías renovables en México ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. En este sentido, es crucial que el país actúe de manera congruente con su compromiso asumido en el Acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.

Los planes de soberanía energética deben desarrollarse respetando los derechos colectivos y considerando el impacto territorial en las comunidades afectadas. Por ello, es fundamental exigir el acceso a la información, evaluaciones socioambientales rigurosas y el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de las poblaciones involucradas en la implementación de proyectos de energía renovable.

La construcción de un futuro energético sostenible requiere de una transición justa que priorice la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones y el respeto a los derechos humanos y ambientales. En este contexto, México tiene la oportunidad de liderar un modelo energético innovador y responsable que garantice la sostenibilidad a largo plazo.