Buques extranjeros operarán en aguas de Argentina

El gobierno de Javier Milei ha implementado una nueva normativa en el transporte marítimo que incluye desregular la actividad y abrir las puertas a la participación de buques extranjeros en aguas de Argentina.

El decreto autoriza que buques registrados en el extranjero operen en aguas argentinas durante 180 días, renovables. Esta medida abre la puerta a la competencia internacional y generaría un impacto significativo en las empresas navieras nacionales.

Además, elimina la obligación de contratar tripulaciones argentinas. Las empresas emplearán personal de cualquier nacionalidad siempre que estén habilitados como personal marítimo o fluvial. Esta medida ha generado preocupación en los gremios marítimos, ya que afectaría el empleo local y la estabilidad laboral en el sector.

E incluye medidas que buscan beneficiar a los armadores nacionales al permitirles solicitar el cese provisorio de bandera argentina para inscribir sus buques en registros extranjeros sin que esto sea considerado una exportación, con una vigencia máxima de 10 años.

La navegación marítima destinada al transporte comercial, de pasajeros y de carga se declara como servicio esencial. Esto implica que, en caso de huelga o conflicto laboral, se deberá garantizar un porcentaje mínimo de operatividad.

A su vez, los sindicatos sugerirán listados de personal a las empresas, pero los empleadores tendrán libertad total para contratar a cualquier trabajador, eliminando cualquier norma que limite esa decisión.

Algunos actores consideran que la desregulación fomentará la competitividad y atraerá inversiones, otros advierten sobre posibles impactos negativos en la industria naval argentina y en los puestos de trabajo locales. La incertidumbre sobre el futuro del empleo y la competencia desleal representan preocupaciones.

La desregulación del transporte marítimo busca promover la liberalización y apertura de mercados, con el objetivo de fomentar la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, también han generado debates y controversias sobre su impacto en la industria nacional y en el empleo.